RASTROS DE LA ACTUALIDAD
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Rastros de la actualidad
Contrato de la Basura en la Ciudad de Buenos Aires. La primera gran pulseada
ALMACEN DE RASTROS
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El Gobierno de la Ciudad ha remitido a la legislatura una ley sobre la recolección de residuos sólidos urbanos y el pliego de la nueva licitación. Es el contrato más importante de la Ciudad, más aún cuando la actual gestión quiere que el plazo del mismo varíe de 5 a 10 años con uno de prorroga. Con lo cual, afectará a tres diferentes administraciones.
Tanto la ley como el pliego en su contenido significan un enorme retroceso en cuanto a la concepción y diseño de las políticas de higiene urbana, que habían logrado un paso fundamental con la sanción de la ley 1854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos –conocida como Ley de Basura Cero- , ya que vuelve al fracasado sistema del tonelaje (pagar a las empresas por el peso de la basura y no por área limpia).
El sistema que esta proponiendo la actual gestión, es una involución que perjudicará no solo la higiene de la ciudad, y que además podría prestarse a maniobras de corrupción como tantas otras veces sucedió, sino también, y fundamentalmente, a la salud de los vecinos. El Gobierno ha reconocido en la legislatura, a través de su Ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, que la política de recolección de residuos se encuentra sin liderazgo, en una situación crítica. Esto es un verdadero sinceramiento de lo que ocurre hoy en la ciudad, después de 8 meses de gestión parece una autocrítica lapidaria. Pero las dificultades de la Gestión Macri no legitiman volver a un sistema largamente probado y lamentable, que para peor planifica no cumplir con la ley de “basura cero”.
Sin embargo, a pesar de que el contrato es por mas de una década, que en primera instancia rondaría los 12 mil millones de pesos, el oficialismo se niega a convocar a Audiencia Publica que seria el mecanismo legal (ley 6) y Constitucional (Art.30) para que se debata el proyecto de ley y el pliego de la recolección de residuos sólidos. Los diputados Gabriela Cerruti (Nuevos Ayres) integrante del Frente para la Victoria y Eduardo Epszteyn de Dialogo por Buenos Aires, presentaron sendos proyectos de resolución para que sea la Legislatura la que convoque a la Audiencia Publica. Igualmente la diputada Cerruti le solicito a la Vice Jefa y Presidenta de la legislatura Gabriela Michetti que en uso de facultades que le son propias convoque ella, ante las posibles maniobras de dilación del bloque oficial. Mas allá de los discursos durante la campaña donde se diferenciaba del rostro frió de Mauricio Macri, la vice jefa esta llamada a cumplir con los vecinos, con el espíritu de la Constitución de la Ciudad, con las políticas de transparencia, cuando el Jefe de Gobierno no lo esta haciendo.
Carta de la Diputada Gabriela Cerruti a la Presidenta de la Legislatura Gabriela Michetti:
Buenos Aires, 26 de agosto de 2008
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Lic.Gabriela Michetti
Estimada Gabriela,
Es siempre un honor y un placer dirigirse a quien hoy ocupa uno de los lugares institucionales más importantes de la ciudad de Buenos Aires pero que, más allá de esa circunstancia, ha sido y seguirá siendo sin duda una ciudadana comprometida con la defensa de los valores democráticos, la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública.
Valores todos que nos unen en diferentes momentos de nuestras biografías, más allá de que hoy cumplamos con los roles para los que hemos sido elegidas por los ciudadanos desde espacios políticos que muchas veces tienen visiones diferentes acerca de las transformaciones necesarias en nuestra ciudad y la mejor manera de llevarlas adelante. Diferencias por las que confrontamos y debatimos cuando es necesario y que también expresamos públicamente a través de nuestros proyectos y nuestros relatos.
Por todo esto, me dirijo a usted hoy en mi carácter no sólo de Diputada de la Legislatura que usted preside, sino también como ciudadana preocupada y comprometida con la profundización de la democracia y la participación en los asuntos del estado de la ciudadanía porteña, ambas facetas que asumo compartimos en la responsabilidad del ejercicio de nuestra labor pública.
El tema que nos convoca es el Servicio Público de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de Buenos Aires, el contrato más importante de la ciudad tanto por su incidencia en la planificación y administración presupuestaria (casi el 10% del presupuesto), como, y fundamentalmente, por la envergadura del impacto ambiental y cotidiano en la vida de sus habitantes.
El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley (1791-J-2008) que contraría en varios aspectos importantes el espíritu de la Ley 1854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (BOCBA Nº 2357), conocida como Ley de “Basura 0” sancionada en noviembre de 2005 con un amplio consenso legislativo y aprobación social.
Uno de los puntos que presenta mayor conflictividad, es el plazo de la concesión del servicio de diez (10) años y porrogable por hasta doce meses más. De concretarse, significaría que el contrato de mayor importancia para la ciudad, sería también el de mayor duración, abarcando tres gestiones consecutivas que se encontrarían en una situación de completa debilidad en el marco de un posible conflicto entre el estado y las concesionarias.
Por otro lado, la ley de “Basura 0” tiene dentro de sus objetivos asegurar la información a los ciudadanos sobre la acción pública en materia de gestión de residuos y, para ello, debe generar un sistema de información permanente y accesible.
También, si se considera a la Ley de compras y contrataciones de la ciudad como criterio interpretativo –ley de la que es usted autora- se establece allí como principio general en el proceso de contratación pública en todas su etapas, el de transparencia. Este principio, es asimismo sustentado por diferentes tratados internacionales ratificados por nuestro país, entre ellos, la Convención Interamericana contra la Corrupción (aprobada por la Ley Nacional 24.759).
Entonces, la publicidad y difusión de las actuaciones y la utilización de tecnologías informáticas se vuelven indispensables para asegurar el seguimiento de todo el proceso de contratación pública. Sin embargo, diferentes organizaciones han manifestado que se ha ido restringiendo su participación y acceso a la información requerida en el último tiempo.
Es nuestra obligación dar respuesta a las inquietudes y demandas de los sectores afectados, canalizándolas por los medios que disponemos al servicio de quienes representamos, garantizando así el acceso a la información y la participación necesaria, real y efectiva en el ejercicio de los derechos que surgen de nuestra ciudadanía. Y debemos garantizar, también, la transparencia que exige un contrato tan amplio y costoso para los porteños.
Por lo tanto, es imprescindible que el proyecto de ley y el pliego sobre recolección de residuos sólidos sean discutidos por los vecinos de la ciudad, por sus organizaciones, por los especialistas, por las universidades, en suma, por toda la ciudadanía. Y el proceso de toma de decisión no debe quedar obscurecido con un apresurado paso por la legislatura.
La Ciudad de Buenos Aires ha considerado desde su nacimiento mismo como ciudad autónoma a la participación ciudadana como uno de sus valores fundantes. Tanto es así que en una de las primeras medidas adoptadas por este cuerpo legislativo se aprobó la Ley 6, que establece el procedimiento para la convocatoria a audiencias púbicas. La Audiencia Pública es el instituto establecido formalmente por nuestra constitución para tratar orgánicamente los temas de importancia ciudadana y entre ellos destaca particularmente en su artículo 30 los de impacto en le medio ambiente. ¿Puede concebirse la forma de gestión y disposición de los residuos como una norma que no impacta en el medio ambiente?
Es inexcusable entonces la convocatoria a una Audiencia Pública que garantice la participación de los ciudadanos y los organismos que los reúnen y los representan, donde el gobierno brinde formalmente las explicaciones que se requieran y se promuevan así los mecanismos de transparencia y participación. Sólo el ejercicio de los mecanismos sancionados por la Constitución garantiza que la participación ciudadana no se convierta en una prerrogativa que otorgan los gobernantes de acuerdo a su saber y entender, o a su buena voluntad, sino un derecho de los ciudadanos y un deber ineludible de quienes ocupamos transitoriamente cargos de gobierno.
Por todo lo expuesto, es que más allá de que el 15 de agosto pasado he presentado un proyecto (Nº1877-D-2008) solicitando se convoque una Audiencia Pública, apelo a la facultad que la habilita como Presidente de la Legislatura porteña para realizar en forma directa la convocatoria de la instancia consultiva, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 6 de esta Ciudad.
Quedo a su disposición para colaborar en todo lo relacionado con este tema y a la espera de una pronta y favorable respuesta.
Saluda atte.
Gabriela Carla Cerruti
Diputada
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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