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Carta Abierta

Buenos Aires, 28 de Octubre de 2009

Sr. Jefe de Gobierno
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ing. Mauricio Macri
S______/_______D

A casi dos años de su asunción como Jefe de Gobierno, sentimos una profunda preocupación por el clima autoritario que se vive en la Ciudad de Buenos Aires a raíz de algunas de las decisiones que usted ha tomado.
Somos miembros de fuerzas políticas y organizaciones sociales que tenemos distintas opiniones e inclusive, pertenecemos a distintos campos ideológicos. Nos une una profunda convicción democrática y la responsabilidad de resguardar los principios fundamentales del Estado de Derecho bajo el cual queremos vivir.
La brecha cada vez más amplia entre los derechos y garantías consagrados en la Constitución de 1996 y las prácticas políticas desplegadas por su gobierno, da lugar a esta preocupación.
Aquellos avances en materia constitucional tambalean producto de las decisiones políticas tomadas por usted como Jefe de Gobierno de la Ciudad. Éstas, ponen en riesgo la construcción de respuestas democráticas para resolver los graves problemas existentes en materia de seguridad pública.
El Gobierno a su cargo ha decidido valerse de dos instrumentos para hacer frente al reclamo legítimo de la seguridad. Por una parte, la implementación de la Policía Metropolitana, y por otra, la creación de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP).
Desde nuestra concepción, la Ciudad de Buenos Aires debe tener una policía propia y ésta debe ser democrática, con transparencia y control y con una estructura organizativa y funcional que permita evitar los vicios recurrentes de las fuerzas de seguridad, como el autoritarismo, la corrupción y/o participación en redes de ilegalidad.
Al momento de implementar la ley de seguridad ciudadana, usted tenía una oportunidad histórica: fundar una policía democrática que recomponga la relación tan lesionada con la sociedad. Sin embargo, decidió que la jefatura de esta fuerza quedara a cargo de un ex policía federal, sospechado de arrastrar los peores vicios de aquella institución.
La designación de Jorge “Fino” Palacios, investigado por su vinculación con el atentado a la AMIA -uno de los hechos delictivos más graves ocurridos en nuestro país-, fue la propuesta de su Gobierno.
El rechazo masivo de la sociedad, la respuesta.
Por otra parte, usted impulsó la creación de la UCEP, con el objeto legal de “reordenar el espacio público”. No obstante, esta fuerza se ha caracterizado por ejercer violencia contra personas en situación de vulnerabilidad que utilizan el espacio público. El accionar clandestino de este grupo atenta contra los derechos humanos consagrados en la constitución local, nacional y los tratados internacionales.
La responsabilidad en estos hechos del ministro de espacio público y medio ambiente, Juan Pablo Piccardo, es insoslayable. Sin embargo, debemos señalar que la responsabilidad política de todas aquellas medidas tomadas por este funcionario es propia del Jefe de Gobierno que lo ha designado en el cargo y que continúa ratificándolo.
La problemática sobre la utilización del espacio público en la Ciudad, debe ser abordada a través de políticas de carácter integral que garanticen a todos los habitantes la satisfacción plena de sus derechos.
Finalmente, las denuncias conocidas en los últimos días sobre la vinculación contractual del gobierno porteño con Ciro James, acusado de realizar escuchas ilegales, relacionado con Jorge “Fino” Palacios y el actual director de la policía Metropolitana, agravan la situación.
La implicancia directa de los ministros de justicia y seguridad, Guillermo Montenegro, y de educación, Mariano Narodowski, profundizan la gravedad institucional en la que nos encontramos.
Las decisiones que su Gobierno ha tomado, ponen al desnudo una concepción autoritaria de la seguridad pública y ponen fuera del marco legal el funcionamiento de áreas del Poder Ejecutivo. No pueden admitirse intentos de encubrimiento, propios de una administración que decide desviar el foco de las investigaciones y desvirtuar la posición de aquellos que la reclaman. Por ende, debe prestarse la ayuda que la Justicia requiera. Debe librarse una investigación independiente, tanto desde la esfera legislativa, a través de una comisión investigadora, como desde la propia administración pública, tendiente a determinar la responsabilidad que le cabe a los ministros mencionados y la suya propia.
Frente a este panorama, lo instamos a que tome las medidas necesarias, de forma urgente, para sancionar a los responsables políticos y materiales de las escuchas ilegales, principalmente a los Ministros de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, y de Educación, Mariano Narodowski, disuelva la UCEP y dote a la Ciudad de una policía verdaderamente comprometida con los derechos del conjunto de la sociedad, depurada del personal vinculado al ex comisario Jorge Palacios.
Entendemos que, a 26 años de la recuperación democrática, este camino resulta indispensable.

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